La suplantación de identidad se da en mayor medida a través de correos electrónicos para falsificar documentos y hacer compras. Según datos de la Dijín, en 2019 hubo 300 casos, pero en 2020 en plena pandemia, la cifra se disparó a 1.527 reportes.
El delito busca la falsificación de documentos para acceder a contratos con el Estado, para obtener créditos financieros y hasta para hacer compras por internet. Según Asuntos Legales, en una entrevista a Martha Moreno Mesa, presidente ejecutiva de Certicámara, afirmó que una de las formas de suplantación de identidad más usual es el de personas a través de firmas de un documento escaneado. Dicha rúbrica puede circular por redes hasta que el delincuente tenga acceso a ella y la utilice para sus fines delictivos. “También puede haber otros mecanismos de suplantación digital cuando se apoderan de una página web, correo electrónico o, inclusive, las redes sociales de otra persona. De esta forma el delincuente puede robar información o cometer delitos en nombre de la persona que está suplantando”, agregó.
En cuanto a la normatividad, Colombia dispone de la Ley 527 de 1999 de comercio electrónico que protege al consumidor y sus acciones por los canales digitales. Otra de las normas es la Ley 1474 de 2011 que permiten la incorporación digital y de tecnologías a los entes del Estado para avanzar en este sentido.
En este marco, el caso que paso a comentar, que es el mío en particular, observo que si se requieren mayores controles para evitar el paseo millonario por el delito de suplantación de identidad por biometría, con el que el delincuente logra usurpar la huella digital de la persona y adquirir productos, servicios y otros que utilizan este mecanismo como forma para aprobar transacciones financieras.
Mi caso en particular, es un relato que combina el desconocimiento de delitos, la negación del principio de buena fe y la mala comunicación interna que existe para atender requerimientos de manera efectiva. Todo empezó en marzo, cuando revisando un correo de poco uso, encuentro una veintena de correos de un operador de celular cobrándome facturas de planes postpago y pregago. Desentendida del asunto por no tener relación comercial con el operador, pasaron 8 días y de nuevo en revisión de correos, encuentro que el cobro ya no es por facturas de planes sino por equipos adquiridos por valor de $6 millones de pesos.
De manera paralela, empecé a recibir llamadas de bancos por créditos adquiridos vencidos y llamadas de otros titulares que habían dado mi teléfono como suyo a un almacén con el cual tendría una deuda por compras. Me concentré en el operador celular, cuyo nombre me reservo por estar incurso en investigación.
Inicié la ruta de PQR con la asesoría de los mismos asesores quienes me aconsejaron que denunciara porque evidentemente había un delito de fraude. Las respuestas fueron negativas. Tenía la deuda y tenía que pagarla. Los contratos estaban con mis datos y tenían expresa autorización mía para adquirir los equipos. Con la recurrente negativa en las respuestas, interpuse demanda ante la Fiscalía y la SIC aportando lo que pude en evidencias y acudiendo de manera personal al sitio donde se produjo el delito, donde por supuesto, no encontré nada: ni personas, ni información, ni respuesta.
Hoy, el caso es noticia criminal, pero la Fiscalía afirma que es imposible dar con el suplantador, en una respuesta destemplada y que carece de contexto en un mundo donde la tecnología hoy todo lo hace posible. El operador atendió el requerimiento luego de 2 meses y desistió de los créditos, pero la investigación sigue en curso porque a pesar de normalizar el asunto comercial, el suplantador (a), sigue con mis datos. Actualmente no tengo vida financiera, no puedo hacer ninguna transacción; tuve que cancelar todas las tarjetas y accesos. Un tema complejo con el que por supuesto no pude hacer otras actividades profesionales, con el impedimento de tener trabajo y sostenerme de los ingresos de mi hogar que apenas alcanzan para algunas cosas.
El delito de suplantación por biometría es relativamente nuevo. Con mis pesquisas tengo una teoría sobre el asunto: mi huella digital está siendo usada por delincuentes que en mi opinión están actuando desde adentro de las empresas de servicio. El operador tiene distribuidores y puntos donde el personal vende celulares con el acceso a los datos de los ciudadanos y con una alta rotación de personal y puntos de venta. Para este caso, el operador no cuenta con la alianza de un banco que respalde todas las transacciones de financiación; es su propio banco y tiene sus propios abogados para estos cobros jurídicos. Así que el ciudadano queda en manos de la buena fe, de documentos y evidencias que demuestren que él, no es él, y cuyas denuncias pueden tardar hasta 2 años en ser resueltas. Pero es una teoría que "se cae" cuando observo el tiempo que trascurrió entre una compra efectuada en 2021 al operador, y el delito cometido un año después. ¿Un año para cometer el delito? Y si el operador tiene los contratos y las referencias de los equipos porqué es difícil dar con el suplantador? No podría apoyarse en el Centro cibernético de la Policía para rastrear el equipo? ¿No puede la Fiscalía solicitar a los operadores celulares implementar estrategias que amparen a las marcas y a los ciudadanos de estos delitos?
Es necesario que el gobierno nacional y el Presidente que sea elegido, ajuste las normas relacionadas con este delito que es penal, que es comercial y que se está cometiendo en empresas que obviamente se declaran victimas y que dejan entonces a las aseguradoras la responsabilidad de cubrir estos fraudes financieros. El operador es un conglomerado muy poderoso y son miles las denuncias por todo tipo de quejas, reclamos y peticiones. Pero ante esta negligencia, es necesario adoptar todas las medidas, empezando por restringir el uso de cédulas, datos e internet y aumentar las penas para los delincuentes.
Son varios los casos conocidos por la prensa, pero además del reporte, ninguna autoridad toma correctivos. Ciudadanos, estamos en gran hermano. Ustedes no tienen vida privada, no tienen nada. Toca volver a las filas y a la presencialidad y no darle datos a nadie, porque el delincuente puede estar en cualquier parte.


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