Ir al contenido principal

LAS RISAS EN LA JEP: ¿ UNA CRISIS DE COMUNICACIÓN O DE JUSTICIA?

 


Las risas en la JEP: una controversia que no puede ocultar el debate sobre la justicia

El video de Timochenko volvió a poner a la Jurisdicción Especial para la Paz en el centro de la controversia. Las imágenes generan preguntas legítimas sobre la actitud de magistrados y comparecientes. Una mirada desde la comunicación-  más allá de cuestionar a la JEP -y preguntarse qué ocurriría con la verdad, las víctimas, las investigaciones y las sanciones si el Estado decide desmontarla.

La divulgación de un video de una audiencia realizada en 2019, volvió a poner a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el centro de la controversia pública. El fragmento, dado a conocer por la senadora María Clara Posada y difundido por Noticias RCN, muestra al excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, en un ambiente distendido durante una diligencia relacionada con el caso de secuestro.

La controversia no está solamente en una risa. El problema comunicacional y político que deja el video es mucho más profundo: ¿cómo puede una institución encargada de investigar algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, transmitir a las víctimas y a la sociedad que comprende la gravedad de aquello que está investigando?

La imagen, en ese sentido, tiene una enorme capacidad de impacto. Para una víctima de secuestro, desaparición, asesinato, tortura o violencia sexual, observar a un antiguo comandante de las Farc en una conversación distendida dentro de una diligencia judicial puede resultar ofensivo o incomprensible. El expresidente Álvaro Uribe resumió esa percepción con una expresión contundente: “burla en lugar de justicia”. El General Luis Mendieta señaló que es una cachetada a su cautiverio.

Y esa reacción no puede ser descartada simplemente como una interpretación política del video. Pero tampoco sería suficiente utilizar unos minutos de una audiencia para concluir que todo el trabajo de la JEP carece de valor. El episodio merece una crítica seria. Los jueces deben mantener una conducta acorde con la gravedad de los hechos que investigan y con el respeto que merecen las víctimas

Sin embargo, una discusión responsable también debe preguntarse si el comportamiento observado en una audiencia de hace siete años permite evaluar, por sí solo, el trabajo completo de la JEP.

 El impacto de una imagen frente al resultado de una investigación

La senadora María Clara Posada cuestionó públicamente la reserva de la diligencia -que consideró debió ser pública- y sostuvo que el tono de la audiencia parecía más cercano a una conversación entre amigos que a una actuación judicial. También puso el foco en declaraciones de Londoño sobre las condiciones que, según él, debían enfrentar los antiguos integrantes de las Farc y sobre el tratamiento que recibían los secuestrados.

El principal efecto del video está en su capacidad para transmitir un mensaje inmediato. La justicia no solo se expresa en las decisiones de los tribunales; también lo hace a través de la conducta de quienes la administran. Por eso, cuando una audiencia relacionada con graves hechos del conflicto se desarrolla en un ambiente que puede interpretarse como excesivamente informal, la percepción pública de las víctimas y de la sociedad resulta afectada.

Pero existe otra parte de la historia que también debe ser considerada. Durante esa diligencia, Rodrigo Londoño hizo referencia a una supuesta directriz de “buen trato” hacia los secuestrados dentro de las Farc. Sin embargo, la investigación adelantada posteriormente por la JEP en el Caso 01 encontró que esa supuesta directriz no se cumplió en la práctica. La Jurisdicción imputó a 63 integrantes de la antigua cúpula de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad y documentó graves hechos relacionados con secuestros, privaciones de la libertad, torturas, tratos crueles, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento y violencia sexual. Es decir, el resultado de la investigación judicial no terminó respaldando la versión presentada por el antiguo comandante guerrillero. 

Aquí aparece una de las principales dificultades de la JEP: mientras decisiones judiciales complejas y extensas avanzan durante años, una imagen de pocos segundos puede convertirse en el principal referente público de la institución. La JEP tiene una responsabilidad importante en este problema. No basta con producir decisiones judiciales. También debe explicar de manera clara qué está investigando, qué ha encontrado, qué responsabilidades ha establecido y qué resultados concretos están llegando a las víctimas.

La conversación de 2019 es una cosa. El resultado de la investigación judicial es otra. Y precisamente ahí está uno de los problemas de comunicación de la JEP: ha producido resultados judiciales complejos, pero no siempre ha logrado traducirlos a un lenguaje que permita a la ciudadanía comprender qué significan.

 ¿Qué significaría desmontar la JEP?

La indignación provocada por el video ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta de desmontar la JEP.  Esta es la pregunta que inevitablemente aparece en medio de la controversia. La respuesta no debería construirse desde la simpatía o antipatía por la institución. La JEP puede y debe ser cuestionada. Puede cuestionarse su duración, sus costos, la velocidad de sus decisiones, la forma de sus audiencias, la comunicación con las víctimas, el alcance de determinadas sanciones y la manera como explica sus resultados.

También puede discutirse si determinadas actuaciones de sus magistrados fueron apropiadas desde el punto de vista institucional. Pero eliminar la JEP no equivale simplemente a cerrar una entidad administrativa.

La JEP forma parte del Sistema Integral de Paz y tiene competencia sobre hechos relacionados con el conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia y funcionamiento están definidos dentro del marco constitucional de la justicia transicional.  Además, detrás de cada expediente existen víctimas que tienen derechos de participación, acceso a la verdad, seguimiento a las investigaciones y reparación.

Por eso, cualquier decisión sobre el futuro de la JEP tendría que responder preguntas concretas: ¿qué autoridad asumiría los procesos actualmente en curso?, ¿qué ocurriría con las investigaciones y las pruebas recopiladas?, ¿cómo continuarían los procesos de búsqueda de personas desaparecidas?, ¿qué pasaría con las medidas restaurativas que ya están en marcha? La discusión, por tanto, no puede reducirse a la reacción que produce un video.

No estamos hablando solamente de expedientes. Hay víctimas que llevan años participando en procesos judiciales, aportando documentos, entregando testimonios y esperando respuestas sobre personas desaparecidas. La Corte Constitucional ha reconocido que las víctimas son intervinientes especiales dentro de la JEP y tienen derechos de participación, información sobre el avance de los procesos, intervención en audiencias, aporte de pruebas y recursos. Y hay un problema adicional. La JEP no trabaja únicamente para producir condenas.

Trabaja también sobre verdad judicial, reconocimiento de responsabilidades, identificación de patrones criminales, búsqueda de desaparecidos y reparación-restauración. El propio informe estadístico de la Jurisdicción señala que sus primeras sentencias dialógicas incluyen acciones como búsqueda de personas desaparecidas, desminado, monumentos conmemorativos e infraestructura comunitaria. Desmontar la institución sin una arquitectura de transición perfectamente definida podría interrumpir procesos que están justamente entrando en su fase de ejecución.

El debate sobre las sanciones: ¿un punto indefendible?

Quienes cuestionan la JEP suelen hacerlo, precisamente, porque consideran que sus sanciones son demasiado suaves. Pero eliminar la JEP no significa automáticamente que todos los comparecientes terminarían en prisión. El sistema tiene diferentes tipos de sanciones. El modelo de justicia transicional fue diseñado con una lógica diferente a la de la justicia penal ordinaria. Busca obtener verdad, reconocer responsabilidades, establecer patrones de criminalidad y promover medidas de reparación para las víctimas. 

En ese esquema existen diferentes tipos de sanciones. Las llamadas sanciones propias se aplican a quienes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena. Tienen una duración de entre cinco y ocho años y contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, además de trabajos y proyectos con contenido reparador. Las sanciones ordinarias están dirigidas a quienes no reconocen responsabilidad o no aportan verdad. En estos casos, las penas pueden estar entre los 15 y los 20 años de prisión. Por eso, el debate no debería limitarse a preguntar si existe o no una celda. La pregunta fundamental es si las sanciones que impone la JEP se están cumpliendo, si son verificables y si tienen un efecto real sobre las comunidades y las víctimas.

Respuesta que de cara a la opinión pública es otra burla de la entidad, al aparecer Timochenko limpiando cementerios y arreglando matas de bambú como parte de su sanción.

En julio de 2026, el Ministerio de Justicia informó que se habían asegurado más de $20.000 millones para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos correspondientes a sanciones impuestas a 19 comparecientes. También señaló que se habían desarrollado más de 40 mesas técnicas para preparar su ejecución. Las victimas como el General Mendieta ha descrito de forma más cruda la situación: “ese dinero lo pidió las FARC, tendrán recursos propios y burocracia en algunas regiones del país. La justicia restaurativa ha sido a su medida. Para las víctimas, nada”.

Es decir, la JEP como oferta institucional está entrando en una etapa diferente: investigar → reconocer → sentenciar → restaurar. Pero dicho proceso de cara a las víctimas no funciona.  La pregunta es sencilla: ¿las obras, proyectos y medidas ordenadas por los jueces están contribuyendo efectivamente a reparar a las comunidades afectadas por la violencia?

Después de años de cuestionamientos por la duración de los procesos, la JEP enfrenta ahora una etapa decisiva: demostrar que sus decisiones pueden traducirse en resultados concretos. El propio desarrollo de los proyectos restaurativos será una de las principales pruebas para determinar el alcance de este modelo de justicia. El debate deja entonces de estar únicamente en los expedientes y las salas de audiencia. También debe trasladarse a las regiones donde las víctimas esperan que las decisiones judiciales tengan efectos reales.

Una institución que también debe rendir cuentas

La controversia por las risas durante la audiencia de 2019 no debería ser minimizada. Las víctimas tienen derecho a exigir de los jueces respeto, seriedad y una conducta acorde con la gravedad de los hechos que se investigan. Pero tampoco sería razonable convertir el comportamiento de algunos funcionarios en una conclusión definitiva sobre toda la arquitectura de la justicia transicional. La JEP debe aceptar que su legitimidad no puede depender únicamente de la defensa de su diseño constitucional. Necesita demostrar resultados, explicar mejor sus decisiones y rendir cuentas de manera permanente. Eso implica responder públicamente por asuntos fundamentales: la búsqueda de personas desaparecidas, el cumplimiento de las sanciones, la ejecución de los proyectos restaurativos, la reparación de las víctimas y el avance de los procesos judiciales.

También significa reconocer sus errores cuando estos ocurran. La crisis actual no es solamente jurídica. Es también una crisis de comunicación institucional. La JEP ha permitido que durante años una parte importante de la discusión pública se reduzca a dos posiciones: “La JEP es impunidad.” frente a “La JEP es justicia y paz.”  La realidad es muchísimo más compleja. Una institución judicial que investiga secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, violencia sexual y otros crímenes necesita explicar permanentemente: 

  • qué está investigando;
  • qué ha probado;
  • qué reconocieron los responsables;
  • qué no reconocieron;
  • qué decidieron los magistrados;
  • qué sanción corresponde;
  • qué deben hacer los sancionados;
  • cómo participan las víctimas;
  • cuánto cuesta;
  • quién ejecuta los proyectos;
  • y cómo se verifica el cumplimiento.

La comunicación no puede aparecer solamente cuando estalla una controversia. Porque cuando la institución no explica, otros construyen el relato por ella. El video de Timochenko es un ejemplo perfecto. Un fragmento de una audiencia de seis horas puede convertirse, en cuestión de horas, en una narrativa completa sobre lo que supuestamente es la JEP. Eso revela una debilidad comunicacional que la institución debería asumir.

Colombia necesita un debate más amplio sobre el funcionamiento de la justicia transicional. Desmontar la JEP no eliminaría los crímenes cometidos durante el conflicto ni las obligaciones que el Estado tiene con las víctimas. Tampoco resolvería automáticamente los procesos que todavía están pendientes. 

En septiembre de 2026, las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate un recorte de $170.000 millones al presupuesto de la Jurisdicción, mientras el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió sobre el impacto que tendría esa reducción. Además, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró en septiembre de 2026 preocupaciones sobre iniciativas legislativas que podrían afectar el funcionamiento, autonomía e independencia de la JEP y el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final. Por eso, asfixiar financieramente la institución no es lo mismo que eliminarla mediante una reforma constitucional, pero cualquiera de las dos estrategias puede tener consecuencias sobre su capacidad real de cumplir las decisiones judiciales. 

Y hay algo que no debería perderse de vista: El propio Estado había construido en 2026 mecanismos para hacer posibles las sanciones propias. El Decreto 652 de 2026 estableció condiciones de seguridad, salud, protección social, transporte, alimentación y habitabilidad para que los comparecientes pudieran cumplir las sanciones restaurativas.

Al tiempo de este debate, defender la existencia de la JEP no puede significar justificar sus errores ni pedirle a la sociedad que confíe ciegamente en ella. La institución debe ser evaluada por sus resultados. La discusión definitiva no debería estar determinada únicamente por lo ocurrido en una sala de audiencia ni por la indignación que produzca un fragmento de video. Debe estar en las decisiones judiciales, en la verdad obtenida, en el cumplimiento de las sanciones y, sobre todo, en lo que las víctimas y las comunidades puedan comprobar en los territorios.

 


Comentarios

Entradas populares de este blog

Del jefe de prensa al Chief Communications Officer (Parte 1)

  Del jefe de prensa al Chief Communications Officer Por: Dircom Colombia Group En los últimos años ha proliferado una larga lista de denominaciones: Chief Communications Officer , Head of Communications , Jefe de Prensa , Director de Asuntos Públicos , Social Media Manager y Community Manager . Si bien esta especialización responde a la complejidad del entorno contemporáneo, la falta de una arquitectura organizativa clara genera confusión y degrada roles estratégicos a funciones meramente operativas. El verdadero debate profesional no es el nombre del cargo, sino su nivel de autoridad y participación en la toma de decisiones . Hagamos el ejercicio aquí para tenerla clara: La proliferación de cargos demuestra que la comunicación se ha especializado. Pero también plantea una pregunta que pocas organizaciones parecen haberse hecho con suficiente rigor: ¿qué hace exactamente cada uno, de quien depende y qué lugar ocupa la comunicación en la estructura de decisión?   El ...

El DIRCOM EN EL SECTOR PÚBLICO

  Del jefe de prensa al Chief Communications Officer (Parte 2) El DIRCOM en el sector público La discusión adquiere una dimensión particular en las entidades estatales.   En el Estado, la comunicación no puede reducirse a la promoción de un funcionario o a la relación cotidiana con periodistas.   La comunicación institucional tiene responsabilidades relacionadas con: información pública; transparencia; ciudadanía; políticas públicas; rendición de cuentas; servicios; pedagogía institucional; comunicación de decisiones; gestión de crisis; confianza institucional. La Directiva Presidencial 01 de 2026 , por ejemplo, establece directrices para la coordinación y divulgación de la comunicación institucional del Gobierno nacional y señala la importancia de que la información sobre decisiones, políticas, programas, resultados y actuaciones administrativas sea divulgada a través de canales institucionales oficiales, con criterios de oportunidad, claridad, verificabilidad y coheren...

EL MUNDO SE DERRUMBA Y EL COVID DE RUMBA

En otros paises se pusieron de moda las rumbas anticovid. En Colombia, se alquilan casas para motelear y hacer fiestas. ¿Vamos bien, no? En estos días de cifras en aumento, de curvas que no quieren ceder, los medios de comunicación han registrado de manera recurrente la indisciplina de los ciudadanos que no acatan las normas de cuarentena, poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás. Cientos de personas salen sin el cuidado preventivo a las calles y deambulan sin el menor recato con amigos, familias, mascotas o solos como unos sombies; otros, más irresponsables, desafían a las autoridades, haciendo fiestas en sus hogares o en lugares clandestinos de rumba. La venta de licor y la prostitución están pasando por encima de la pandemia.  El Covid 19 empezó considerado como una simple gripe. Muchos le copiaron a esa idea y siguieron sus vidas normalmente. Luego, cuando la Presidencia decide tomar medidas mediante decretos, todos se miraron, y con palmaditas en la espalda, dijeron: to...