Las risas en la JEP:
una controversia que no puede ocultar el debate sobre la justicia
El video de Timochenko volvió a poner a la Jurisdicción Especial para la Paz en el centro de la controversia. Las imágenes generan preguntas legítimas sobre la actitud de magistrados y comparecientes. Una mirada desde la comunicación- más allá de cuestionar a la JEP -y preguntarse qué ocurriría con la verdad, las víctimas, las investigaciones y las sanciones si el Estado decide desmontarla.
La divulgación de un video de una audiencia realizada en 2019, volvió a poner a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el centro de la controversia pública. El fragmento, dado a conocer por la senadora María Clara Posada y difundido por Noticias RCN, muestra al excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, en un ambiente distendido durante una diligencia relacionada con el caso de secuestro.
La controversia no está
solamente en una risa. El problema comunicacional y político que deja el video
es mucho más profundo: ¿cómo puede una institución encargada de investigar
algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado,
transmitir a las víctimas y a la sociedad que comprende la gravedad de aquello
que está investigando?
La imagen, en ese sentido, tiene una enorme capacidad de impacto. Para una víctima de secuestro, desaparición, asesinato, tortura o violencia sexual, observar a un antiguo comandante de las Farc en una conversación distendida dentro de una diligencia judicial puede resultar ofensivo o incomprensible. El expresidente Álvaro Uribe resumió esa percepción con una expresión contundente: “burla en lugar de justicia”. El General Luis Mendieta señaló que es una cachetada a su cautiverio.
Y esa reacción no puede
ser descartada simplemente como una interpretación política del video. Pero
tampoco sería suficiente utilizar unos minutos de una audiencia para concluir
que todo el trabajo de la JEP carece de valor. El episodio merece una crítica
seria. Los jueces deben mantener una conducta acorde con la gravedad de los
hechos que investigan y con el respeto que merecen las víctimas
Sin embargo, una discusión responsable
también debe preguntarse si el comportamiento observado en una audiencia de
hace siete años permite evaluar, por sí solo, el trabajo completo de la JEP.
La senadora María Clara Posada cuestionó
públicamente la reserva de la diligencia -que consideró debió ser pública- y
sostuvo que el tono de la audiencia parecía más cercano a una conversación
entre amigos que a una actuación judicial. También puso el foco en
declaraciones de Londoño sobre las condiciones que, según él, debían enfrentar
los antiguos integrantes de las Farc y sobre el tratamiento que recibían los
secuestrados.
El principal efecto del video está en su
capacidad para transmitir un mensaje inmediato. La justicia no solo se expresa
en las decisiones de los tribunales; también lo hace a través de la conducta de
quienes la administran. Por eso, cuando una audiencia relacionada con graves
hechos del conflicto se desarrolla en un ambiente que puede interpretarse como
excesivamente informal, la percepción pública de las víctimas y de la sociedad
resulta afectada.
Pero existe otra parte de la historia que también debe ser considerada. Durante esa diligencia, Rodrigo Londoño hizo referencia a una supuesta directriz de “buen trato” hacia los secuestrados dentro de las Farc. Sin embargo, la investigación adelantada posteriormente por la JEP en el Caso 01 encontró que esa supuesta directriz no se cumplió en la práctica. La Jurisdicción imputó a 63 integrantes de la antigua cúpula de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad y documentó graves hechos relacionados con secuestros, privaciones de la libertad, torturas, tratos crueles, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento y violencia sexual. Es decir, el resultado de la investigación judicial no terminó respaldando la versión presentada por el antiguo comandante guerrillero.
Aquí aparece una de las principales
dificultades de la JEP: mientras decisiones judiciales complejas y extensas
avanzan durante años, una imagen de pocos segundos puede convertirse en el
principal referente público de la institución. La JEP tiene una responsabilidad
importante en este problema. No basta con producir decisiones judiciales.
También debe explicar de manera clara qué está investigando, qué ha encontrado,
qué responsabilidades ha establecido y qué resultados concretos están llegando
a las víctimas.
La conversación de 2019 es
una cosa. El resultado de la investigación judicial es otra. Y
precisamente ahí está uno de los problemas de comunicación de la JEP: ha
producido resultados judiciales complejos, pero no siempre ha logrado
traducirlos a un lenguaje que permita a la ciudadanía comprender qué
significan.
La indignación provocada por el video ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta de desmontar la JEP. Esta es la pregunta que inevitablemente aparece en medio de la controversia. La respuesta no debería construirse desde la simpatía o antipatía por la institución. La JEP puede y debe ser cuestionada. Puede cuestionarse su duración, sus costos, la velocidad de sus decisiones, la forma de sus audiencias, la comunicación con las víctimas, el alcance de determinadas sanciones y la manera como explica sus resultados.
También puede discutirse si determinadas
actuaciones de sus magistrados fueron apropiadas desde el punto de vista
institucional. Pero eliminar la JEP no equivale simplemente a cerrar una
entidad administrativa.
La JEP forma parte del Sistema Integral
de Paz y tiene competencia sobre hechos relacionados con el conflicto armado
cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia y funcionamiento
están definidos dentro del marco constitucional de la justicia transicional. Además, detrás de cada expediente existen
víctimas que tienen derechos de participación, acceso a la verdad, seguimiento
a las investigaciones y reparación.
Por eso, cualquier decisión sobre el
futuro de la JEP tendría que responder preguntas concretas: ¿qué autoridad
asumiría los procesos actualmente en curso?, ¿qué ocurriría con las
investigaciones y las pruebas recopiladas?, ¿cómo continuarían los procesos de
búsqueda de personas desaparecidas?, ¿qué pasaría con las medidas restaurativas
que ya están en marcha? La discusión, por tanto, no puede reducirse a la
reacción que produce un video.
No estamos hablando solamente de expedientes. Hay víctimas que llevan años participando en procesos judiciales, aportando documentos, entregando testimonios y esperando respuestas sobre personas desaparecidas. La Corte Constitucional ha reconocido que las víctimas son intervinientes especiales dentro de la JEP y tienen derechos de participación, información sobre el avance de los procesos, intervención en audiencias, aporte de pruebas y recursos. Y hay un problema adicional. La JEP no trabaja únicamente para producir condenas.
Trabaja también sobre verdad
judicial, reconocimiento de responsabilidades, identificación de patrones
criminales, búsqueda de desaparecidos y reparación-restauración. El propio
informe estadístico de la Jurisdicción señala que sus primeras sentencias
dialógicas incluyen acciones como búsqueda de personas desaparecidas,
desminado, monumentos conmemorativos e infraestructura comunitaria. Desmontar
la institución sin una arquitectura de transición perfectamente definida podría
interrumpir procesos que están justamente entrando en su fase de ejecución.
El debate sobre las sanciones: ¿un punto indefendible?
Quienes cuestionan la JEP suelen hacerlo, precisamente, porque consideran que sus sanciones son demasiado suaves. Pero eliminar la JEP no significa automáticamente que todos los comparecientes terminarían en prisión. El sistema tiene diferentes tipos de sanciones. El modelo de justicia transicional fue diseñado con una lógica diferente a la de la justicia penal ordinaria. Busca obtener verdad, reconocer responsabilidades, establecer patrones de criminalidad y promover medidas de reparación para las víctimas.
En ese esquema existen diferentes tipos de sanciones. Las llamadas sanciones propias se aplican a quienes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena. Tienen una duración de entre cinco y ocho años y contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, además de trabajos y proyectos con contenido reparador. Las sanciones ordinarias están dirigidas a quienes no reconocen responsabilidad o no aportan verdad. En estos casos, las penas pueden estar entre los 15 y los 20 años de prisión. Por eso, el debate no debería limitarse a preguntar si existe o no una celda. La pregunta fundamental es si las sanciones que impone la JEP se están cumpliendo, si son verificables y si tienen un efecto real sobre las comunidades y las víctimas.
Respuesta que de cara a la opinión
pública es otra burla de la entidad, al aparecer Timochenko limpiando cementerios
y arreglando matas de bambú como parte de su sanción.
En julio de 2026, el
Ministerio de Justicia informó que se habían asegurado más de $20.000
millones para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos
correspondientes a sanciones impuestas a 19 comparecientes. También señaló que
se habían desarrollado más de 40 mesas técnicas para preparar su ejecución. Las
victimas como el General Mendieta ha descrito de forma más cruda la situación: “ese
dinero lo pidió las FARC, tendrán recursos propios y burocracia en algunas regiones
del país. La justicia restaurativa ha sido a su medida. Para las víctimas, nada”.
Es decir, la JEP como oferta institucional está entrando en una etapa diferente: investigar → reconocer → sentenciar → restaurar. Pero dicho proceso de cara a las víctimas no funciona. La pregunta es sencilla: ¿las obras, proyectos y medidas ordenadas por los jueces están contribuyendo efectivamente a reparar a las comunidades afectadas por la violencia?
Después de años de cuestionamientos por la duración de los procesos, la JEP enfrenta ahora una etapa decisiva: demostrar que sus decisiones pueden traducirse en resultados concretos. El propio desarrollo de los proyectos restaurativos será una de las principales pruebas para determinar el alcance de este modelo de justicia. El debate deja entonces de estar únicamente en los expedientes y las salas de audiencia. También debe trasladarse a las regiones donde las víctimas esperan que las decisiones judiciales tengan efectos reales.
Una institución que también debe rendir
cuentas
La controversia por las risas durante la audiencia de 2019 no debería ser minimizada. Las víctimas tienen derecho a exigir de los jueces respeto, seriedad y una conducta acorde con la gravedad de los hechos que se investigan. Pero tampoco sería razonable convertir el comportamiento de algunos funcionarios en una conclusión definitiva sobre toda la arquitectura de la justicia transicional. La JEP debe aceptar que su legitimidad no puede depender únicamente de la defensa de su diseño constitucional. Necesita demostrar resultados, explicar mejor sus decisiones y rendir cuentas de manera permanente. Eso implica responder públicamente por asuntos fundamentales: la búsqueda de personas desaparecidas, el cumplimiento de las sanciones, la ejecución de los proyectos restaurativos, la reparación de las víctimas y el avance de los procesos judiciales.
También significa reconocer sus errores cuando estos ocurran. La crisis actual no es solamente jurídica. Es también una crisis de comunicación institucional. La JEP ha permitido que durante años una parte importante de la discusión pública se reduzca a dos posiciones: “La JEP es impunidad.” frente a “La JEP es justicia y paz.” La realidad es muchísimo más compleja. Una institución judicial que investiga secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, violencia sexual y otros crímenes necesita explicar permanentemente:
- qué está investigando;
- qué ha probado;
- qué reconocieron los responsables;
- qué no reconocieron;
- qué decidieron los magistrados;
- qué sanción corresponde;
- qué deben hacer los sancionados;
- cómo participan las víctimas;
- cuánto cuesta;
- quién ejecuta los proyectos;
- y cómo se verifica el cumplimiento.
La comunicación no puede aparecer solamente cuando estalla una controversia. Porque cuando la institución no explica, otros construyen el relato por ella. El video de Timochenko es un ejemplo perfecto. Un fragmento de una audiencia de seis horas puede convertirse, en cuestión de horas, en una narrativa completa sobre lo que supuestamente es la JEP. Eso revela una debilidad comunicacional que la institución debería asumir.
Colombia necesita un debate más amplio sobre el funcionamiento de la justicia transicional. Desmontar la JEP no eliminaría los crímenes cometidos durante el conflicto ni las obligaciones que el Estado tiene con las víctimas. Tampoco resolvería automáticamente los procesos que todavía están pendientes.
En septiembre de 2026, las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate un recorte de $170.000 millones al presupuesto de la Jurisdicción, mientras el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió sobre el impacto que tendría esa reducción. Además, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró en septiembre de 2026 preocupaciones sobre iniciativas legislativas que podrían afectar el funcionamiento, autonomía e independencia de la JEP y el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final. Por eso, asfixiar financieramente la institución no es lo mismo que eliminarla mediante una reforma constitucional, pero cualquiera de las dos estrategias puede tener consecuencias sobre su capacidad real de cumplir las decisiones judiciales.
Y hay algo que no debería perderse de vista: El propio Estado había construido en 2026 mecanismos para hacer posibles las sanciones propias. El Decreto 652 de 2026 estableció condiciones de seguridad, salud, protección social, transporte, alimentación y habitabilidad para que los comparecientes pudieran cumplir las sanciones restaurativas.
Al tiempo de este debate, defender la existencia de la JEP no puede significar justificar sus errores ni pedirle a la sociedad que confíe ciegamente en ella. La institución debe ser evaluada por sus resultados. La discusión definitiva no debería estar determinada únicamente por lo ocurrido en una sala de audiencia ni por la indignación que produzca un fragmento de video. Debe estar en las decisiones judiciales, en la verdad obtenida, en el cumplimiento de las sanciones y, sobre todo, en lo que las víctimas y las comunidades puedan comprobar en los territorios.

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